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Nuestro Proyecto

 

Nuestra forma de ver España implica apoyarse en tres principios básicos: Máximo nivel de libertad para todos los ciudadanos, extenso nivel de protección para todos los españoles y mínimo coste de mantenimiento del Estado.

 

El nivel de libertad que deseamos, comienza con la mínima injerencia del Estado en la vida privada de los españoles; ello comporta una mínima estatalización de las actividades personales y empresariales, reduciendo la creación de empresas públicas a aquellos casos en que la iniciativa privada no acuda a satisfacer adecuadamente las necesidades de los ciudadanos y a aquellas otras que, por su índole estratégica, deben ser ejercidas y controladas por el Estado.

 

En cuanto al extenso nivel de protección que propugnamos, ello se traduce en que el Estado no puede dejar desamparados a sus ciudadanos en aquellas circunstancias en que, por circunstancias involuntarias, aquellos necesitan ayuda; pero sin que el Estado, con su dadivosidad, promueva el desinterés de sus nacionales por el esfuerzo.

 

Y en lo que se refiere al coste de mantenimiento del Estado, no creemos en un Estado mastodóntico, en el que la voluminosidad de sus instituciones sea la razón de ser del propio Estado. Antes bien, pretendemos construir un Estado que podamos mantener con nuestra situación económica y que no sirva para dar cobijo a interesados arribistas que, esencialmente, buscan una vida fácil costeada por los demás.

 

El propósito de DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA es el de conseguir convertir España en un pais de libertades y de oportunidades de crecimiento.

 

Como es bien sabido, a finales de 1978, los representantes de algunos de los partidos existentes en España en aquellos momentos, convinieron en sustituir el sistema de gobierno vigente, por otro en el que, con un fondo de Monarquía Parlamentaria, se introdujera un orden territorial hasta entonces inexistente, bajo la forma pseudofederalista de las Comunidades Autónomas.

 

Como no podía ser de otra manera, ello propició la instauración del nuevo oficio de político profesional y el acceso a él de numerosos oportunistas, cuyo bagaje esencial no era otro que su capacidad de persuasión. Así, con el objetivo de enriquecerse fácilmente a costa de los caudales públicos, la arena política se ha ido convirtiendo en el foro circense en que, con el común objetivo de perpetuarse en los cargos, se utiliza a la ciudadanía como burro de carga que tiene una sola misión en la vida: soportar el coste tributario necesario para mantener las veleidades de esa clase política.

 

Salir de esta espiral no resulta sencillo, como tampoco lo resultó la transición del antiguo sistema dictatorial a este en el que nos encontramos y que fue posible, solamente, merced a la cesión que, en sus aspiraciones, hicieron los que en ella participaron.

 

Pero despues de mas de treinta años de vigencia de esta monarquía parlamentaria, cuasi federal, creemos que los españoles nos encontramos preparados para dar un importante salto adelante, dotándonos de un sistema de gobierno nuevo, que goce de todas las ventajas de la democracia y de la utilización de todos los avances de la ciencia.

 

El sistema de gobierno que proponemos a los españoles tiene como fundamento la libertad individual de elección de la forma en que nuestro pais ha de dirigirse. Los ciudadanos, así, no participan en la elección de los que han de llevar a cabo las directrices políticas, sino que son ellos mismos, a traves de los partidos políticos, quienes definen la estructura y objetivos políticos que mayoritariamente desean.En nuestra concepción son los ciudadanos, que agrupan sus preferencias en torno al partido político de su conveniencia, los que, en el seno del partido y, de forma democrática, deciden quienes hayan de ser los dirigentes del partido y cuales sean los presupuestos de desarrollo económico, social y político de nuestra nación.

 

Los partidos someten despues sus propuestas al pueblo que, por un sistema electoral de doble vuelta, eligen cual de las dos principales desean. En esta forma, en la disputa por el gobierno de las instituciones, los partidos podrán agruparse y consensuar previamente sus propuestas, lo que permitirá a los ciudadanos conocer anticipadamente cual será el resultado electoral y sus consecuencias futuras.

 

Para la aplicación y el desarrollo del proyecto elegido, los partidos eligen los equipos profesionales que consideren mas adecuados para la dirección de la Administración del Estado, cuyos funcionarios, también profesionales, son los que, en definitiva, han de ejecutar las tareas de gobierno.En el desarrollo de sus funciones de dirección de la Administración del Estado, los elegidos por los partidos políticos percibirán de aquellos la retribución que por su labor hayan pactado previamente y podrán ser removidos de sus puestos en función de la calidad de su gestión al frente de sus departamentos.

 

Los partidos, en compensación, recibirán de los presupuestos del Estado la cantidad que previamente hayan planteado en sus propuestas electorales.De esta forma son los ciudadanos, y no los digentes, los que deciden cual ha de ser el presupuesto económico del Estado y, con ello, la carga tributaria que han de soportar.

 

En nuestro modelo, no se contemplará el carácter de Autoridad de los dirigentes de la Administración Pública designados por los partidos que, al igual que estos, se encuentran sometidos a la responsabilidad patrimonial y personal determinada por el derecho común.El dominio del sistema de funcionamiento de nuestra sociedad, queda así en manos de los ciudadanos quienes, con sus posibilidades de elección democrática de los dirigentes de los partidos y del sistema político a desarrollar, son los que ejercen su autentica función de dueños del Estado.

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