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Editorial

Los partidos políticos y su financiación.             Septiembre de 2019

 

Prácticamente nadie discute que los partidos políticos, que nacieron en España con la Guerra de la Independencia, debieron su origen a la pretensión de acabar con el dominio de la monarquía, poniendo límites a su poder y posibilitando que los propios ciudadanos participaran en las tareas de gobierno.

 

Y si, a priori, parece racional que el pueblo participe en la gestión de los asuntos del Estado, todo el artificio se viene abajo si la forma de llevarlo a cabo es inadecuada.

 

En principio, cabe entender que los propios nacionales de un país, son los que deciden como ha de regularse su vida en común y quien se ocupará de ello. Además, el hecho de interrelacionarse conlleva un coste que, obviamente, han de soportar los propios ciudadanos, en la cuantía y distribución que ellos mismos decidan.

 

Pero, como hay diversas maneras de considerar cómo ha de desenvolverse la convivencia y con cuanto de su peculio ha de contribuir cada uno al sostenimiento de la estructura del Estado, se hace necesaria la existencia de un cauce que canalice las opiniones de todos en tal sentido. Y así, el partido político ha de considerarse como un lugar de reunión de las personas con una forma semejante de entender esta cuestión. Y es claro que, siendo tan elevado el número de cuestiones que forman parte de la convivencia, es difícil encontrar a dos personas que estén absolutamente de acuerdo en todas ellas, con lo cual podría decirse que existen tantos partidos políticos como personas. De hecho, a finales de agosto de 2019, existían 5.274 partidos inscritos en el correspondiente Registro del Ministerio del Interior, de los que 331 se han creado en el periodo enero-agosto de ese 2019.

 

Evidentemente, y admitiendo como hipótesis la realidad de la existencia un partido político por cada español, no es menos cierto que esa realidad deviene de imposible aplicación por lo que, posiblemente, la perfección se halle en el extremo opuesto: la existencia de un único partido en el que todos los ciudadanos confluyan buscando unir las coincidencias y minimizando las diferencias.

 

De esta forma, los ciudadanos utilizarían al partido como vehículo de expresión de sus ideas y el partido las implementaría en el Estado.

 

El gran fracaso del sistema de partidos, se produce cuando determinadas personas utilizan las posibilidades del partido para su propio lucro personal. Es en ese momento, cuando el ciudadano vuelve a perder la posibilidad de participar con sus ideas en el gobierno de su país, al tiempo que desaparece para él la utilidad del partido. Se convierte así el partido como un mecanismo de obtención de poder y beneficios para los que lo dirigen. Y eso explica la proliferación de partidos a que nos hemos referido anteriormente, dada la ausencia de control del partido por parte de sus verdaderos dueños: sus afiliados.

 

Es claro que la existencia y el éxito de un partido, va estrechamente ligado a su financiación; y es igualmente cierto que existen personas y entidades que están dispuestas a financiar el funcionamiento de los partidos, con la esperanza de que sus dirigentes les devuelvan generosamente sus ayudas cuando alcancen puestos de dirección en el Estado.

 

Por eso, consideramos que nunca cesará en España esta escalada partitocrática si no se modifica la regulación de los partidos en, al menos dos sentidos: El primero, que sean los ciudadanos los que controlen la existencia de los partidos, decidiendo su financiación mediante la asignación de un porcentaje de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el segundo estableciendo la incompatibilidad de desempeño de un cargo público, por elección o designación, con el de funciones directivas de un partido.

 

Si la financiación de los partidos se limitara anualmente a un porcentaje de la cuota de IRPF de cada ciudadano, según su libre arbitrio, la financiación de los partidos gozaría de transparencia absoluta y su pervivencia dependería de los propios ciudadanos. En DERECHA LIBERAL ESPAÑOLA abogamos por el establecimiento de este sistema, con la atribución del 0,5% de la cuota de cada contribuyente al partido que cada año, él mismo decida.

 

La incompatibilidad de desempeño de funciones orgánicas en las Instituciones del Estado y en los partidos políticos, permitiría el control efectivo de los cargos públicos por parte de los ciudadanos, a través de los partidos.

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